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Arbitraje Civil en México

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El arbitraje es una institución por la cual un tercero resuelve una diferencia que divide a dos o más partes en ejercicio de la misión jurisdiccional que le ha sido confiada por ellos[1].

En México su evolución ha sido ampliamente aceptada en el ámbito comercial, atendiendo la homologación del Código de Comercio con la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras (“Convención de Nueva York”) y la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL, por sus siglas en inglés) sobre arbitraje comercial internacional (“Ley Modelo”). Así, ante la existencia de un marco jurídico uniforme – o al menos armonizado- existe una expectativa de eficacia en el ámbito local.

Entre las ventajas que nos ofrece este mecanismo de solución de conflictos es que en ocasiones permite una mejor solución a controversias complejas, donde se requiere de una metodología interdisciplinar y multidimensional, o en otros casos, su agilidad permite a las partes prolongar o mantener sus relaciones entre ellas una vez dirimido el litigio.

Si bien es cierto que estas notas distintivas del arbitraje han sido de gran utilidad en el espectro comercial, lo cierto es que el crecimiento demográfico exponencial y las nuevas formas de interacción social también han hecho evolucionar las relaciones entre particulares que son propias del derecho común, lo cual obliga al Estado a posibilitar la instauración de procedimientos alternos para resolver conflictos civiles de una forma distinta a la jurisdicción ordinaria.

No obstante, en el país existe una amplia divergencia entre las legislaciones de cada entidad federativa, donde el arbitraje se regula mediante los códigos civiles y procesales de cada una.

En los códigos civiles se norman aspectos sustantivos del compromiso arbitral, dificultando en algunos casos, a través de requisitos irracionales en cuanto a la forma del mismo, la posibilidad de someterse al arbitraje, lo cual confronta con el principio de sencillez que procura la legislación moderna en materia arbitral.

Por su parte, las normas procesales, en su mayoría, aún sostienen una visión estatista, donde prima con intensidad la intervención de la jurisdicción ordinaria en el arbitraje doméstico, puntualmente a través de la revisión de los laudos arbitrales.

Por lo anterior, cobran especial relevancia las recientes reformas al artículo 73 de la Carta Magna, las cuales otorgan competencia al Congreso de la Unión para expedir “la ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias” (fracc. XXIX-A)[2] y “la legislación única en materia procesal civil y familiar” (fracc. XX)[3].

Derivado de estas reformas se presenta una oportunidad sin precedentes para reestructurar y unificar las disposiciones a nivel nacional sobre el arbitraje civil, con la finalidad de permitir a la sociedad contar con alternativas adecuadas para la resolución de sus controversias y se elimine el sistema antagónico de nuestra legislación vigente, en que se diferencia la regulación del arbitraje en materia civil con el moderno arbitraje comercial, lo cual obedece a la demanda internacional de generar armonía entre ambos sistemas y certeza en las relaciones privadas, fortaleciéndose el principio de la autonomía de la voluntad de las partes.

En primer término, será necesario establecer como único requisito formal respecto al acuerdo arbitral que conste por escrito, en concordancia con el principio ya citado de sencillez, retomando lo establecido por la Convención de Nueva York, la cual establece:

“Artículo II

  1. Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá el acuerdo por escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje.
  2. La expresión “acuerdo por escrito” denotará una cláusula compromisoria incluída en un contrato o un compromiso, firmados por las partes o contenidos en un canje de cartas o telegramas.
  3. El tribunal de uno de los Estados Contratantes al que se someta un litigio respecto del cual las partes hayan concluído un acuerdo en el sentido del presente artículo, remitirá a las partes al arbitraje, a instancia de una de ellas, a menos que compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable”.

Por su parte, es fundamental que desde un aspecto adjetivo se privilegie el principio de mínima intervención judicial en el arbitraje, además de establecer un procedimiento concordante con la Ley Modelo, la cual, si bien no responde a los cánones tradicionales de nuestro derecho, aglutina los principios fundamentales de los sistemas jurídicos contemporáneos, lo cual facilita su implementación en el derecho privado internacional y local de manera homogénea, propiciándose así una mayor cultura arbitral en nuestro país, incrementando su elección como sede de procesos de esta índole.

Esperemos que el legislador reconozca la importancia de transitar y adoptar una nueva visión respecto a la solución de controversias, estableciendo una sólida legislación en materia arbitral civil, lo cual generará como consecuencia el aumento de relaciones contractuales donde las partes pactan convenios arbitrales, el asentamiento del arbitraje institucional, la consolidación de prácticas uniformes en todo el país, así como la normalización de la ejecución de laudos arbitrales.

 

 

[1] Charles Jarrosson, LA NOTION D’ARBITRAGE, Bibliotheque de Droit Privé, Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence, París, 1987, p. 372.

[2] Véase Diario Oficial de la Federación de fecha 05 de febrero de 2017.

[3] Véase Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de septiembre de 2017.

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