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Contribuyentes sin Derecho de Forma

Reforma al Procedimiento Contencioso Administrativo

 Por:  Lic. Paulo Magaña Rodríguez

El 8 de septiembre pasado, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados un proyecto de reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por el cual, supuestamente pretende alinear esta Ley procedimental a los objetivos de las reformas de Justicia Cotidiana, promovidas recientemente por el Ejecutivo Federal.  La justicia cotidiana busca incluir a las instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas en un plan para mejorar el acceso a la justicia en nuestro país.

Sin embargo, considero que este proyecto de reforma, si bien contiene un principio interesante, que es el de juzgar al fondo sobre la forma, no es cuidadosa en su implementación práctica dentro del procedimiento contencioso administrativo.

El Juicio de resolución exclusiva de fondo es la propuesta de que los juzgadores en materia administrativa, magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, resuelvan de manera especial ciertos juicios en los cuales se conozca exclusivamente el fondo de la controversia.  Y es justamente ahí donde comienza el problema.  Se propone que se establezca la creación de Salas Regionales Especializadas en materia de Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, las cuales conocerán de manera exclusiva las resoluciones que deriven del ejercicio de ciertas facultades de comprobación[1] por parte de las autoridades fiscales, a elección de los justiciables.

Si inicialmente decimos que esta reforma va a alinear la Ley a los objetivos de un Plan Nacional de justicia, como lo es el de justicia cotidiana, ¿por qué solamente aplicar este principio de fondo sobre forma a cierto tipo de juicios?, considero que es absurdo pensar que sólo cierto tipo de juicios son “merecedores” de acceder a la tan anhelada justicia cotidiana que tanto promueve el Presidente[2]. Estos requisitos de procedencia harían nugatoria la garantía de acceso a la justicia señalada en el Artículo 17 Constitucional y el principio pro personae previsto en el Artículo 1 de la Constitución, dado que conforme a la interpretación que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de este principio, debería aplicarse el procedimiento que sea más benéfico al justiciable de entre la vía especial y la vía tradicional.

Adicionalmente, uno de los artículos en comento, señala que si el Magistrado instructor de una Sala Especializada advierte que en la demanda sólo se plantean conceptos de impugnación relativos a cuestiones de forma, entonces deberá remitirla para que se tramite vía tradicional; sin embargo, no se establece si los juzgadores deben conocer o no de un cierto juicio cuando se trate de conceptos de nulidad de forma pero que trasciendan efectivamente al fondo de resolución.

Esto resulta relevante dado que existen diferencias sustanciales en la tramitación del juicio contencioso administrativo en la vía tradicional y el juicio contencioso administrativo especializado en fondo sobre forma.  Una de las más relevantes se refiere a la garantía del interés fiscal, en este tipo de juicios especiales no es necesario que el contribuyente garantice el crédito fiscal durante la tramitación del juicio y hasta en tanto el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no emita la resolución correspondiente.

Mi crítica a esta nueva disposición es sincera, dado que aun cuando nosotros como contribuyentes estamos encantados con el hecho de no tener que garantizar el interés fiscal cuando ventilamos un juicio ante el Tribunal, este punto genera diversas contradicciones respecto de varios ordenamientos del sistema jurídico en nuestro país, por ejemplo, el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación señala que en ningún caso las autoridades deberán dispensar el otorgamiento de la garantía del interés fiscal a los contribuyentes.

Ahora bien, si previo a la interposición del juicio contencioso administrativo es necesario el otorgamiento de una garantía, sería fácilmente argumentable por la autoridad fiscal la necesidad de permanencia de dicha garantía sobre todo si por alguna razón, el juicio de nulidad no llega a proceder.  Asimismo, y en un caso más delicado, el artículo 160 Fracción I de la Ley Aduanera puede generar la inhabilitación del agente aduanal si no se garantiza el crédito fiscal que se impugna.

Otro de los puntos más preocupantes de esta propuesta se refiere a la prohibición del juzgador de aceptar pruebas supervenientes dentro del juicio, ya que sólo se podrán tomar en consideración aquellas pruebas que hayan sido aportadas en la fase administrativa llevada a cabo ante la autoridad fiscal, lo que atenta claramente al debido proceso legal y por tanto al principio pro personae previsto en nuestra Constitución.

Y pudiera seguir detectando inconsistencias e inconstitucionalidades en este nuevo proyecto de ley, sin encontrarle un beneficio real y jurídicamente seguro que mejore el procedimiento ya existente, ello sin mencionar que hace apenas unos meses, específicamente el 13 de junio de 2016, se publicaron diversas reformas a esta misma Ley, aprobadas por ambas cámaras casi por unanimidad y que versan sobre aspectos muy similares… ¿Por qué algunos nuestros legisladores le están permitiendo al ejecutivo realizar tantísimas reformas sustantivas y procedimentales que sólo acrecientan en número su quehacer político pero no mejoran efectivamente la vida en el país?.

A toda esta lista de aspectos negativos hay que sumarle también el engranaje administrativo que tendría que crearse solamente para estos propósitos, contratación de magistrados especiales, ocupación de nuevos espacios para las salas del Tribunal, etc, etc, todo ello aumentando el presupuesto de las entidades involucradas y de nuestros impuestos, pero sin impactar en el fortalecimiento de nuestra seguridad jurídica como contribuyentes.

Creo firmemente que todos los ciudadanos debemos involucrarnos en la vida legislativa del país, y es por ello que debemos levantar la mano cuando existan propuestas que repercutan significativamente en nosotros, interviniendo durante el proceso legislativo de manera propositiva, y no solamente quejándonos de su aplicación una vez aprobadas.

[1] Artículo 42 Fracción II, III y IX del Código Fiscal de la Federación.

[2] Esta modalidad procede para la impugnación de sentencias definitivas que deriven del ejercicio de las facultades de comprobación señaladas en el numeral anterior y en donde el monto del crédito fiscal ascienda a $5,329,000.00 (aprox).

3 thoughts on “Contribuyentes sin Derecho de Forma

  1. Estoy de acuerdo contigo ya que esta ola de reformas me parecen más que propuestas, ocurrencias sin analizar sus consecuencias y más aun su aplicación que a mi punto de vista deben de ser aplicables gradualmente para ver sus efectos positivos o no. Pero en fin no esperemos mucho de quienes actualmente nos gobierna y quienes son responsables de parar y corregir lo mal hecho pues no es el ejecutivo quien tiene la última palabra sino nuestros legisladores que analizando sus conocimientos en lo que a su actual función respecta nada tiene que ver con su anterior empleo ya sea artista, boxeador, etc.

  2. Buenas tardes,
    ¿De qué manera consideras que todos los ciudadanos hemos de involucrarnos en la vida legislativa del país?
    Me gustó tu planteamiento.
    En verdad me interesa de qué modo puñedo hacer algo por México.
    Gracias.
    Jorge

    1. Hay muchos Diputados y Senadores que están dispuestos a escucharnos y a tomarnos en cuenta. Si perteneces a una asociación o grupo profesional en un tema determinado es mucho más fácil, si no, considero que el medio más simple para acercarte a tu legislador a través de redes sociales.

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