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El Derecho Procesal Penal Militar y sus Bondades

– Bases Jurídicas

La historia del derecho penal y el procedimiento penal es la relación de una profunda desigualdad entre hombres y un constante esfuerzo hoy victorioso, para alcanzar la igualdad, en épocas aún no remotas se multiplicaron las jurisdicciones y los fueros de carácter fundamente protector, sustrayendo a ciertas clases de individuos de la potestad decisoria de los tribunales ordinarios, por ejemplo la ley suprema de 1917 permitió la subsistencia del “Fuero de Guerra” para los delitos y faltas en contra de la disciplina militar. Y a esta prescripción contenida en el artículo 13, se agrega una imperiosa limitación, cuya legitimidad  y razón son evidentes: “Los tribunales militares en ningún caso o por ningún motivo, podrán extender jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Cuando un delito o falta de orden militar estuviese complicado en un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”

El Código de Justicia Militar (modificado el 14 de junio de 2014) señala en su Capítulo II, artículo tercero, que el Supremo Tribunal Militar estará integrado “de un presidente, general de brigada, militar de guerra (sic) y cuatro magistrados, generales de brigada de servicio o auxiliares”.

El artículo 10 del mismo Código  señala que “Los Consejos de Guerra Ordinarios se integrarán con militares de guerra, y se compondrán de un presidente y cuatro vocales; el primero con grado de general o de coronel y los segundos desde el de mayor hasta coronel”.

 

La nueva era del Derecho Penal Militar.

Salvo por los requisitos para ser Magistrado del Supremo Tribunal Miliar, los demás cargos deberán ser ocupados por militares en activo y pertenecientes a alguna armada, sean o no abogados. Esta sigue siendo la pequeña gran diferencia, una de las rémoras en el sistema de justicia militar mexicano.

Lo que deberá la nueva justicia militar tiene que ver con un tema vinculado también con la justicia civil: la presunción de inocencia. En el caso de la jurisdicción militar, el problema para que esta circunstancia se de en forma plena y se convierta en un gran paso adelante radica en la rigidez histórica del medio militar.

Hay que reconocer este hecho con las reformas alcanzadas, la carga de la prueba ya no recaerá sobre el militar acusado y este no tendrá que aportar todos los elementos para demostrar su inocencia.

Ahora deben entenderse como a cualquier otra persona que los militares gozan de la presunción de inocencia y serán responsables después de haber sido juzgados y sentenciados e incluso que haya causado estado su caso, de lo contrario bajo el principio de universalidad y de acuerdo a lo que ordena le Código de Justicia Militar, tienen garantizada la presunción de inocencia, derecho humano previsto y regulado en el derecho interamericano.

La creación del Juez de Ejecución de Penas y los beneficios que este aporta en materia de derechos humanos es otra de las novedades trascendentales en las reformas a la justicia militar.

Finalmente, el cuarto eje de la esperada transformación de la justicia militar está, en el cual comparto con varios expertos en el tema, en la inclusión de la Secretaría de Marina-Armada de México en el Código de Justicia Militar “de forma expresa y constituye un sensible cambio de lenguaje garante de los derechos humanos”.

Todos estos cambios deben entenderse “como el pie de rama de lo que será una secuencia de reformas que deberán trastocar el diseño normativo institucional para verdaderamente garantizar los derechos humanos en la Justicia Militar”.

La entrada en vigor del nuevo derecho penal adversarial y de los juicios orales es un factor más que empuja rápidamente más transformaciones al interior del aparato de justicia militar.

Alejandro Carlos Espinosa explica que ahora, a la luz de los atributos del Juez natural, que ordena independencia, imparcialidad así como profesionalidad, autonomía e inamovilidad, se van hermanando estos requisitos indispensables  al igual que la necesidad de cumplir con lo ordenado por la Constitución Mexicana en materia de derecho penal adversarial de cara a los tribunales orales.

Un factor que ayudaría de manera definitiva a alcanzar las metas planteadas en las reformas de justicia militar sería la creación –ahora sí– de la carrera de Derecho Militar en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea (UDEFA), objetivo planteado en al menos tres ocasiones en décadas pasadas pero nunca alcanzado, precisamente por razones de control y cerrazón de los altos mandos en turno.

Sería oportuno y deseable que la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea ponderará crear la carrera de Licenciado en Derecho, con especialidad en Justicia Militar, para enseñarle a los juristas castrenses sobre el andamiaje y las tecnicas de justicia que les ocupa y que, dicho sea de paso no solo es penal, sino también disciplinaria, administrativa, de seguridad social, internacional y de derechos humanos entre muchas otras variables.

Impulsar la creación de la carrera de derecho militar y darle vida a la especialidad de Justicia Militar, “es una exigencia de los nuevos tiempos, en donde el control de la convencionalidad y el respeto a los derechos humanos se prevén con claridad en nuestra Constitución”.

Así, una vez hecho lo anterior, podríamos decir que los tribunales militares estarían en manos de expertos del derecho, porque los tiempos que vivimos así lo exigen, ya que en la actualidad los imputados militares son juzgados por personas que no son peritos en el derecho y por tanto durante el proceso se cometen violaciones a sus derechos humanos.

Por todo esto, será necesario estudiar el mejor sistema para independizar a los tribunales militares y sumarlos al Poder Judicial de la Federación, lo que no implica que el Fuero de Guerra, entiéndase militar, deba perder su capacidad de investigar delitos del ámbito de su competencia, así los militares que enfrenten un asunto de idole penal, puedan ser juzgados de manera correcta por peritos en derecho.

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