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Fe pública y medios electrónicos

La fe pública se concibe como la certidumbre que se da a las actuaciones humanas, se dotan de verdad jurídica, figura que acompaña al hombre a lo largo de su evolución social, lo anterior por la necesidad de testificar diferentes acciones y hechos que trascienden en el día a día. Así tenemos que en las primeras sociedades los patriarcas dotaban de verdad los primitivos negocios que se daban dentro de sus clanes o comunidades, para que posteriormente los escribanos, siendo estos quienes sabían leer y escribir teniendo esto por oficio, ya  que eran pocos los privilegiados que poseían dicho conocimiento, adquirieran un papel de testigos privilegiados, esto último debido a que se documentaban los hechos, actos y declaraciones de los ciudadanos con calidad de certidumbre moral, por el otro lado, que en los puertos y plazas comerciales, los cambistas, traductores y martilleros, hacían lo correspondiente con el comercio, es decir servían de interpretes traductores, ajustaban el tipo de moneda en las transacciones y realizaban las subastas, obteniendo también dada su integridad, el carácter de declarantes de veracidad, surgiendo la correduría pública y de comercio.

Es importante mencionar que los corredores públicos y notarios, no son funcionarios públicos sino que ostentan una función pública, ya que son particulares investidos en el ejercicio de una actividad estamental, lo anterior, dado que no son los titulares de la fe con la que actúan, sino unos meros delegados, siendo el titular original el propio Estado, tan es así que está se encuentra expresada en el “Artículo 121” de nuestra Constitución Política, lo anterior, en un doble aspecto, es decir tanto como un factor de funcionalidad orgánica del Estado, así como una garantía social, dado que se ve está como un elemento de reserva de la potestad estamental, ya que este es el titular, pero también se le denota como un derecho a garantizar al individúo para dotar de certeza sus actos y negocios, para dejar lo anterior expresado de una forma clara.

Continuando, nos parece importante el mencionar alguna acepción doctrinal de “fe pública”.

 “fe”, se debe entender una creencia que se da de las cosas, en un plano de certeza o certidumbre; es una afirmación o aseveración de que un determinado acto o hecho es cierto…

 “pública” indica generalidad en oposición a particularidad o privacidad; empleándose en el sentido de que algo (acto o acontecimiento) se encuentra al alcance del conocimiento generalizado de una comunidad[1]

La evolución humana se ve reflejada tanto en materia de fe pública, así como en  medios electrónicos, resaltando la aplicación de estos a la vida de los individuos, principalmente en materia de comercio, a grado tal que hoy día tenemos actos celebrados de forma electrónica en materia civil y mercantil, empleos que se desarrollan por y con auxilio de las nuevas tecnologías de la información, denominando esta actividad como Teletrabajo, educación a distancia, y hasta telemedicina, actuaciones que creemos no son exentas de ser fedadas en algún momento dado.

Es importante mencionar que un ejemplo claro de dicha evolución, se ilustra en el artículo ochenta del Código de Comercio, el cual establece de una forma clara, la incorporación de diferentes medios de comunicación, incluidos a través del tiempo, pasando desde la correspondencia, el telégrafo hasta llegar a las modernas tecnologías de la información, siendo importante mencionar, que la afortunada redacción de dicho artículo, es incluyente, no excluyente, es decir las tecnologías mencionadas de forma enunciativa más no limitativa, dan cabida a la inclusión de medios electrónicos de comunicación de nueva incorporación, admitiendo la penetración de tecnologías que se desarrollen con el transcurso del tiempo.

En continuidad con lo anterior, es importante mencionar que la legitimación en el uso de la fe pública en materia de medios electrónicos, se establece de forma clara al mencionar el artículo cien del Código de Comercio, quienes podrán ser prestadores de servicios de certificación, y que dichos prestadores no poseen en si la fe pública, ya que de manera expresa les niega dicha facultad, estableciendo que está solo quedaría depositada en corredores públicos y notarios aún cuando actúen como prestadores de servicios de certificación.

Artículo 100.- Podrán ser Prestadores de Servicios de Certificación, previa acreditación ante la Secretaría:

  1. Los notarios públicos y corredores públicos;
  2. Las personas morales de carácter privado, y
  3. Las instituciones públicas, conforme a las leyes que les son aplicables.

 Las facultades de expedir certificados o de prestar servicios relacionados, como la conservación de mensajes de datos, el sellado digital de tiempo, o la digitalización de documentos impresos, así como fungir en calidad de tercero legalmente autorizado conforme a lo que se establezca en la norma oficial mexicana, no conllevan fe pública por sí misma, así, los notarios y corredores públicos podrán llevar a cabo certificaciones que impliquen o no la fe pública, en documentos en papel o mensajes de datos.

 Quien aspire a obtener la acreditación como prestador de servicios de certificación, podrá solicitarla respecto de uno o más servicios, a su conveniencia.”

 Un punto importante a tratar dentro de las actividades de los prestadores de servicios de certificación, es la aparición de la figura del “Tercero Legalmente Autorizado”, el cual como se desprende del Artículo anteriormente mencionado, no es un fedatario público, aunque pudiese confundírsele como tal, ya que no es más que un mero observador de calidad de los procesos de digitalización de documentos, sin que su actuación legalice y mucho menos legitime los documentos digitalizados, los cuales en caso de ser necesario tendrían que ser certificados por un fedatario público en el ejercicio de sus funciones expresas por la ley.

Ahora bien, en que consiste la certificación que brindan los ya mencionados prestadores de servicios de esta, solo es una certificación de carácter técnico práctico, la cual al no conllevar fe pública, no es más que una atestación de carácter tecnológico, en el legitimo uso de sus facultades expresas por el propio Código de Comercio, por lo cual se les podría equiparar como unos meros oficiales de cumplimiento, ya que en su caso soló podrían acreditar que se cumplen  los requisitos establecidos por la Ley, y en su caso por la Norma Oficial(NOM151) para efectos de Firma Electrónica, conservación y digitalización de documentos.

 Los fedatarios públicos, dentro de sus deberes y conforme a las diversas leyes que los rigen están obligados al cumplimiento de diversas obligaciones para el desempeño de sus funciones, siendo el caso en concreto para los Corredores Públicos, lo establecido por el artículo quince de la Ley Federal de Correduría Pública, el cual transcribimos con la finalidad de mencionar cuales son las citadas obligaciones a los mencionados fedatarios públicos.

ARTÍCULO 15.- Son obligaciones del corredor público:

 I.- Ejercer personalmente su función, con probidad, rectitud y eficiencia;

 II.- No retrasar indebidamente la conclusión de los asuntos que se le planteen;

 III.- Proponer los negocios con exactitud, claridad y precisión;

 IV.- Asegurarse de la identidad de las partes que contraten, convengan o ratifiquen ante su fe, así como de su capacidad legal para contratar y obligarse, así como orientar y explicar a las partes o comparecientes el valor y las consecuencias legales de los actos de que se trate;

 V.- Guardar secreto profesional en lo relativo al ejercicio de sus funciones y, cuando actúe con el carácter de mediador, no revelar, mientras no se concluya el acto, convenio o contrato, los nombres de los contratantes ni los datos o informes sobre el acto, a menos que lo exija la ley o la naturaleza de la operación, o medie consentimiento de las partes;

 VI.- Expedir las copias certificadas de las actas y pólizas que le soliciten los interesados, así como de los documentos originales que haya tenido a la vista;

VII.- Dar toda clase de facilidades para la inspección que de su archivo y libros de registro practique un representante de la Secretaría;

 VIII.- Dar aviso a la Secretaría para separarse del ejercicio de su función por un plazo mayor a 20 días y menor de 90 y, cuando exceda de este último término, solicitar la licencia respectiva, la cual podrá ser renunciable;

 IX.- Pertenecer al colegio de corredores de la plaza en que ejerza; y

 X.- Las demás que dispongan las leyes y reglamentos.”

Con respecto a la funcion notarial, es importante mencionar que se regira por lo que marquen sus respectivas leyes locales, ya que su adscripción es de esta naturaleza.

Es importante mencionar que en el caso de que los fedatarios públicos, descidan actuar como prestadores de servicios de certificación, adicionalmente deberan de cumplir con las obligaciones que les marca el Código de Comercio en dicha matería, siendo el caso en concreto, identificadas dos tipos de obligaciones, las primeras las relativas a sus propias actuaciones y las segundas las de verificación de condiciones relativas al firmante, luego entonces, tenemos que el Código de Comercio, expresa respecto a verificar del usuario de la firma electrónica, lo enmarcado por el artículo 99.

Artículo 99.- El Firmante deberá:

  1. Cumplir las obligaciones derivadas del uso de la Firma Electrónica;
  2. Actuar con diligencia y establecer los medios razonables para evitar la utilización no autorizada de los Datos de Creación de la Firma;
  3. Cuando se emplee un Certificado en relación con una Firma Electrónica, actuar con diligencia razonable para cerciorarse de que todas las declaraciones que haya hecho en relación con el Certificado, con su vigencia, o que hayan sido consignadas en el mismo, son exactas.

 El Firmante será responsable de las consecuencias jurídicas que deriven por no cumplir oportunamente las obligaciones previstas en el presente artículo, y

  1. Responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma, cuando no hubiere obrado con la debida diligencia para impedir su utilización, salvo que el Destinatario conociere de la inseguridad de la Firma Electrónica o no hubiere actuado con la debida diligencia.”

Tratándose de las propias actuaciones de los fedatarios como prestadores de servicios de certificación, tenemos que el Código de Comercio, señala en su Artículo 104, cuales son estas, siendo las mismas que para los prestadores de servicios de certificación no Corredores o Notarios.

Artículo 104.- Los Prestadores de Servicios de Certificación deben cumplir las siguientes obligaciones:

  1. Comprobar por sí o por medio de una persona física o moral que actúe en nombre y por cuenta suyos, la identidad de los solicitantes y cualesquiera circunstancias pertinentes para la emisión de los Certificados, utilizando cualquiera de los medios admitidos en derecho, siempre y cuando sean previamente notificados al solicitante;
  2. Poner a disposición del Firmante los dispositivos de generación de los Datos de Creación y de verificación de la Firma Electrónica;

III. Informar, antes de la emisión de un Certificado, a la persona que solicite sus servicios, de su precio, de las condiciones precisas para la utilización del Certificado, de sus limitaciones de uso y, en su caso, de la forma en que garantiza su posible responsabilidad;

  1. Mantener un registro de Certificados, en el que quedará constancia de los emitidos y figurarán las circunstancias que afecten a la suspensión, pérdida o terminación de vigencia de sus efectos. A dicho registro podrá accederse por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y su contenido público estará a disposición de las personas que lo soliciten, el contenido privado estará a disposición del Destinatario y de las personas que lo soliciten cuando así lo autorice el Firmante, así como en los casos a que se refieran las reglas generales que al efecto establezca la Secretaría;
  2. Guardar confidencialidad respecto a la información que haya recibido para la prestación del servicio de certificación;
  3. En el caso de cesar en su actividad, los Prestadores de Servicios de Certificación deberán comunicarlo a la Secretaría a fin de determinar, conforme a lo establecido en las reglas generales expedidas, el destino que se dará a sus registros y archivos;

 

VII. Asegurar las medidas para evitar la alteración de los Certificados y mantener la confidencialidad de los datos en el proceso de generación de los Datos de Creación de la Firma Electrónica;

VIII. Establecer declaraciones sobre sus normas y prácticas, las cuales harán del conocimiento del usuario y el Destinatario, y

  1. Proporcionar medios de acceso que permitan a la Parte que Confía en el Certificado determinar:
  2. a) La identidad del Prestador de Servicios de Certificación;
  3. b) Que el Firmante nombrado en el Certificado tenía bajo su control el dispositivo y los Datos de Creación de la Firma en el momento en que se expidió el Certificado;
  4. c) Que los Datos de Creación de la Firma eran válidos en la fecha en que se expidió el Certificado;
  5. d) El método utilizado para identificar al Firmante;
  6. e) Cualquier limitación en los fines o el valor respecto de los cuales puedan utilizarse los Datos de Creación de la Firma o el Certificado;
  7. f) Cualquier limitación en cuanto al ámbito o el alcance de la responsabilidad indicada por el Prestador de Servicios de Certificación;
  8. g) Si existe un medio para que el Firmante dé aviso al Prestador de Servicios de Certificación de que los Datos de Creación de la Firma han sido de alguna manera controvertidos, y
  9. h) Si se ofrece un servicio de terminación de vigencia del Certificado.”

 

En el mismo tenor de lo mencionado anteriormente, es prudente mencionar que la Secretaría de Economía, será quien actuará como Prestador de Servicios de Certificación de los propios prestadores de servicios de certificación, de ahí el Artículo 105 del propio Código de Comercio expresa.

“Artículo 105.- La Secretaría coordinará y actuará como autoridad Certificadora, y registradora, respecto de los Prestadores de Servicios de Certificación, previstos en este Capítulo.”

Por el lado de la regulación, es importante mencionar que la autoridad es la Secretaría de Economía, y que el Código de Comercio, establece esquemas de sanción para los prestadores de servicios de certificación que incumplan lo establecido por el Código mencionado, siendo estas sanciones, la suspensión temporal o la suspensión definitiva de funciones, cabe señalar que consideramos que dichas sanciones son consideradas en caso exclusivo de que el infractor sea prestador de servicios de certificación, más no de un fedatario que le auxilie, quienes entrarían a sus propios esquemas de regulación.

“Artículo 110.- El Prestador de Servicios de Certificación que incumpla con las obligaciones que se le imponen en este Código, el reglamento o la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría, previa garantía de audiencia, y mediante resolución debidamente fundada y motivada, tomando en cuenta la gravedad de la situación y reincidencia, podrá ser sancionado por la Secretaría con suspensión temporal o definitiva de sus funciones. Este procedimiento tendrá lugar conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.”

Ahora bien es importante mencionar que los fedatarios públicos hoy día intervienen en diligencias expresas en materia de fe pública, como puede ser el certificar actos publicados en internet, el alojamiento de datos en la nube o en dispositivos físicos de almacenamiento, la utilización de bienes de propiedad intelectual en redes electrónicas, la certificación y ratificación de actos y contratos firmados electrónicamente,  y el realizar el cotejo de documentos electrónicos entre otros, tan es así que el propio Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública, establece en su Artículo 34 lo siguiente.

“…El corredor público podrá expedir copias certificadas electrónicas de las pólizas o actas en que intervenga para efectos registrales o a petición de autoridad competente, de conformidad con lo dispuesto por la legislación aplicable…”

Con base en lo anterior, estamos en el tenor de una plena aplicación de la fe pública, ya que el fedatario público en el debido ámbito de su competencia, podría realizar actos como los ya mencionados.

Nos parece importante el mencionar que el Artículo 38 del ya citado Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública, menciona la forma en la cual los corredores públicos deberán de practicar los cotejos, siendo el caso pleno de lo anterior, cotejos de mensajes de datos, impresiones de comunicaciones y datos consignados en medios electrónicos, ópticos o de cualquier naturaleza análoga, así como el hacer constar certificaciones de hechos, en las que se constar el contenido de archivos o reproducciones de éstos en medios electrónicos, ópticos o de otras tecnologías.

“ARTÍCULO 38.- El cotejo de un documento, con su copia escrita, fotográfica, fotostática o de cualquier otra clase, se llevará a cabo presentando el original y la copia respectiva al corredor, el cual hará constar que la copia es fiel reproducción de su original asentando en ella los datos del acta que al efecto se elabore. La copia se devolverá debidamente certificada al solicitante, y otra se archivará por el corredor junto con el acta respectiva.

El corredor público podrá realizar cotejos de mensajes de datos, impresiones de comunicaciones y datos consignados en medios electrónicos, ópticos o de cualquier naturaleza análoga, así como hacer constar el contenido de archivos o reproducciones de éstos en medios electrónicos, ópticos o de otras tecnologías.”

Es importante también mencionar que los fedatarios públicos en su caso, no pueden dejar atrás sus obligaciones primigenias cuando actúen con tal carácter, razón por la cual deberán de cerciorarse de la identidad y de la capacidad de las partes en todo caso.

Ahora bien, como ya se planteo, la fe pública no solo se ejerce en negocios particulares, sino también en actos públicos, como lo es el caso de los juicios en línea, siendo un ejemplo relevante de esto, el juicio en línea planteado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual expresa dos figuras claras de fedación en línea, las cuales son el cotejo de documento digital o para digitalización, y la notificación en línea, siendo clara la situación primeramente planteada, en el Artículo 58-Q de la Ley federal del procedimiento contencioso administrativo, que menciona la facultad de los secretarios de acuerdos, para imprimir el archivo que contiene el expediente electrónico y certificar las constancias de juicio para efectos de remitirlo a los tribunales federales a fin de que se de presentación y tramite a los recursos de revisión y juicios de amparo derivados de las actuaciones dentro del juicio en línea.

“ARTÍCULO 58-Q.- Para la presentación y trámite de los recursos de revisión y juicios de amparo que se promuevan contra las actuaciones y resoluciones derivadas del Juicio en Línea, no será aplicable lo dispuesto en el presente Capítulo.

El Secretario General de Acuerdos del Tribunal, los Secretarios Adjuntos de Sección y los Secretarios de Acuerdos de Sala Superior y de Salas Regionales según corresponda, deberán imprimir el archivo del Expediente Electrónico y certificar las constancias del juicio que deban ser remitidos a los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se impugnen resoluciones de los juicios correspondientes a su mesa.

Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en que así lo solicite el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado se podrá remitir la información a través de medios electrónicos”

El artículo cincuenta y ocho “N” de la Ley federal del procedimiento contencioso administrativo, establece las reglas a seguir en el caso de las notificaciones dentro del juicio en línea, equiparando en primer lugar las notificaciones personales a las realizadas mediante el sistema para la substanciación del juicio, se obliga a la elaboración de un acta de notificación electrónica la que será firmada electrónicamente por el secretario, en el mismo tenor se establece la obligación del secretario de enviar vía correo electrónico, a las partes un informe de que se ha emitido alguna resolución, la fecha y hora será la establecida por las partes al momento en el que el sistema genere el “Acuse de Recibo Electrónico donde conste la fecha y hora en que la o las partes notificadas ingresaron al Expediente Electrónico, lo que deberá suceder dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la fecha de envío del aviso a la Dirección de Correo Electrónico”.

Otro de los aspectos importantes a tratar es el relacionado con la figura del mediador privado certificado por el Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, ya que estos, poseen fe pública con la finalidad de hacer constar el convenio producto de su actividad como profesionales en la mediación, dicho convenio se compone de los acuerdos a los que llegan las partes mediadas, y tendrá un doble efecto, ya que además de ser considerado como instrumento público, por emanar de un fedatario en uso de sus facultades, también tiene el carácter de sentencia ejecutable, esto último solo en el caso de que sea inscrito ante el propio Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México.

Es importante mencionar que los servicios de mediación prestados por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, se dividen en dos  vertientes, ello dependiendo sí el servicios es prestado por la propia dependencia mencionada y por ende adquiere el nombre de mediación pública, y por el otro lado, tenemos que existen servicios prestados por mediadores particulares, el cual por analogía recibe el nombre de mediación privada, así el caso de los servicios de mediación pública, la fe pública está depositada en el Director General del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, y los Directores y Subdirectores de Mediación, explicando el Artículo catorce de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal.

Artículo 14. El Centro contará con los Directores y Subdirectores de Mediación por especialidad que requiera. El Director General, los Directores y Subdirectores de Mediación tendrán fe pública, únicamente en los siguientes casos:

I.- Para la celebración de los convenios que suscriban los mediados a través del Centro;

II.- Para certificar las copias de los documentos que por disposición de esta Ley deban agregarse a los convenios de mediación, y

III.- Para expedir copias certificadas de los documentos de mediación que se encuentren registrados y resguardados en el archivo del Centro a petición de cualquier mediado, del Mediador Privado que hubiere intervenido, de autoridad competente o para fines registrales.”

 

En continuidad con el tema principal, nos es importante mencionar que el artículo 56 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal, menciona la utilización de los medios electrónicos, y por ende e inclusión de las nuevas tecnologías dentro del procedimiento de mediación, siendo importante establecer que la utilización de dichos medios electrónicos, no solo es para efectos de la utilización de fe pública, sino para todo el procedimiento de mediación, es decir, la llevanza de las sesiones de mediación, en su caso el desahogo de pruebas si así lo pactaren los mediados, la toma de acuerdos, la presentación del convenio, su ajuste, y en su caso la suscripción del mismo mediante la utilización de fe pública, todo esto deberá de ser llevado mediante el sistema electrónico que en su caso establezca el Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México.

“Artículo 56.- El procedimiento de mediación se regirá por la Ley, el Reglamento y estas Reglas, y dará comienzo el día en que los mediados acuerden.

Son aplicables, en tanto sean compatibles con el servicio de mediación privada, las disposiciones previstas en los Capítulos V y VI del Reglamento.

Los mediadores podrán prestar el servicio de mediación privada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología de conformidad con las disposiciones legales aplicables o mediante el sistema implementado por el Tribunal para tal efecto.”

Refiriéndonos a los elementos materiales de la fe pública como lo son el sello, la firma, la garantía, el archivo o protocolo, y los libros de registro entre otros, nos es importante mencionar que en opinión del suscrito, es necesaria su inclusión en las leyes y ordenamientos  regulatorios de los servicios de fe pública, lo anterior debido a la constante evolución que se da en las actuaciones humanas, lo que refleja que los elementos personales de la fe pública “los fedatarios” tengan que evolucionar para prestar sus servicios y desarrollar su actividad de una forma dinámica y acorde a las necesidades de los usuarios, con base en lo anterior nos parece importante para concluir el analizar los elementos de la fe pública, intentando relacionarlos conforme a los medios y elementos normalmente utilizados para las operaciones electrónicas.

El primer elemento a considerar es la firma, la cual es considerada como “Nombre y apellido, o título, que una persona escribe de su propia mano en un documento, para darle autenticidad o para expresar que aprueba su contenido”[2]. Lo anterior según el Real Diccionario de la Lengua Española, luego entonces es pertinente mencionar que la firma es un elemento esencial en la función de fe pública, ya que es con esta con la que el fedatario autoriza de forma personalísima el instrumento, existiendo diferentes requisitos a cumplir en torno a la misma por parte de los fedatarios y de sus autoridades administrativas, como lo es el propio registro de la firma del fedatario ante su autoridad reguladora y el propio registro de comercio,   luego entonces y dadas las actuales disposiciones que equiparan a la firma electrónica con la autógrafa, consideramos que es posible que se utilice está en actos que deban de ser revestidos de fe pública, no solo por los comparecientes firmantes, sino incluso por los fedatarios.

El sello es probablemente el elemento más representativo de la fe pública, en el se ve reflejado el poder autentificador del estado vertido en el fedatario público, el sello físico, cumple con determinados requisitos, como lo son el cumplir determinadas características, ya sean en cuanto a su forma o en cuanto a su medida, tal es el caso del sello del corredor público que deberá de medir cuatro centímetros de diámetro y tener forma circular, o bien el del Mediador Privado Certificado con Fe Pública en la Ciudad de México, en cuyo caso este es de forma rectangular con bordes de ocho punto ocho centímetros de base por dos centímetros de altura, siendo importante mencionar que los sellos poseen el símbolo del Estado, dada la investidura que este vierte sobre el fedatario, ahora bien existen los llamados sellos digitales, los cuales son datos traducidos en certidumbre técnica, a diferencia de los sellos impresos con tinta los cuales expresan certidumbre física, pudiendo existir de forma electrónica sellos de tiempo, de identificación o de distinción, esto no sin dejar de considerar que puede existir una mezcla de los mismos a los que podríamos considerar como sellos físicos, luego lo anterior consideramos que es prudente que los fedatarios realicen sus actuaciones al igual que con la firma electrónica con sello de la misma naturaleza, expresando que el sello cumple con los mismos requisitos de registro tanto ante las autoridades reguladoras, como con los Registros Públicos correspondientes a sus actuaciones.

Respecto a los instrumentos públicos tenemos que estos pueden ser de dos características, uno en el que el fedatario hace constar los hechos que aprecia como lo es el caso de las diligencias de fe de hechos, notificaciones o cotejo de documentos, el cual normalmente se denomina “acta”, y por el otro lado el documento en el cual el fedatario consigna los actos que se consignan ante su fe, como es el caso del otorgamiento de un contrato, el cual comúnmente es conocido como “Escritura” o “Póliza”, esta última en el caso de los Corredores Públicos, en el mismo tenor de lo mencionado, es sumamente prudente mencionar que los documentos pueden ser considerados como públicos, privados y simples, razón por la cual consideramos que los fedatarios al expedir documentos considerados como públicos, en su caso podrán expedir documentos públicos de naturaleza electrónica, los cuales pueden estar firmados y sellados también digitalmente, e incluso físicamente al momento de reproducirlos.

El archivo o protocolo, se integra por todos y cada uno de los documentos que el fedatario público autoriza, ahora bien siendo el caso de la existencia de documentos digitales, consideramos que la agrupación de los mismos, puede ser llamada archivo o protocolo electrónico, el cual deberá de estar bajo custodio estricta del fedatario correspondiente.

Los libros de registro, son el control mediante el cual el fedatario da prelación por número y fecha a las actuaciones en que interviene, lo anterior a medida de control con la finalidad de brindar certeza de modo y tiempo de sus intervenciones, el libro y las reproducciones de sus extractos, tienen naturaleza de documento público, luego entonces creemos que con las debidas adecuaciones en la ley pueden emitirse tanto libros como archivos o protocolos electrónicos, los cuales podrían ser firmados electrónicamente y sellados de la misma forma.

La garantía como su nombre lo indica es una forma de avalar las actuaciones de los fedatarios, estos deben de constituirla ante diversas autoridades, como  es el caso de los Corredores Públicos, quienes lo harán ante la Tesorería de la Federación o bien los Mediadores Privados Certificados con Fe Pública, quienes lo harán ante el propio Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal.

Ahora bien actualmente no solo se otorga fe sobre actos realizados vía internet sino también de aquellos en los que intervienen nuevas tecnologías, como lo pueden ser la verificación del contenido de un dispositivo de almacenamiento, sea cual sea la naturaleza del mismo, es decir si se trata de un disco duro, una memoria de estado solido, un dispositivo magnético entre otros, también es prudente mencionar la participación de los fedatarios públicos en contratos de deposito de códigos fuente, constatando la efectiva destrucción de software, verificando el desahogo de auditorias sobre programas de computo y en su caso de piratería.

Por último consideramos prudente mencionar que los elementos personales de la fe pública, ya sea el caso de que estemos hablando de que  el fedatario pueda ser un funcionario público o bien un particular investido, no podrían ser delegados a sistemas o equipos de computo, lo anterior dado el carácter de prudencia humana en que se reviste el fedatario, así como por el profesionalismo jurídico con el que el mismo se debe de conducir.

 

Conclusiones.

  1. La actividad humana esta sujeta a diversos cambios en diferentes niveles de actividad, y es necesario el que se de entera fe tanto de actos públicos como de los particulares, razón por la cual es prudente actualizar los esquemas actuales de fe pública a medida que se adecuen a los nuevos actos y esquemas de la actividad humana.
  2. Existen diferentes documentos públicos, privados y simples, los cuales pueden ser representados tanto de forma física o digital, lo que da lugar al nacimiento de documentos digitales públicos, privados y simples
  3. Es necesario el aspecto humano en la actividad de la fe pública dado que el fedatario, sirve como protector de aspectos de legalidad e incluso como garante de la capacidad de las personas que intervienen en dichas actuaciones cibernéticas.
  4. Dado que la fe pública comprende también actuaciones de servidores públicos, es importante mencionar que en gestiones de naturaleza pública, el internet se ha vuelto una herramienta imprescindible, razón por la cual es necesario se dote dichos actos de veracidad jurídica, por lo que se establecen esquemas actuales de fe pública gubernamental, tal es el caso del juicio en línea en el cual se muestran verdaderos casos de fe pública electrónica como es el caso de las notificaciones electrónicas y el cotejo del expediente digital.
  5. El tener calidad de prestador de certificación, no conlleva fe pública como lo enmarca el articulo 100 del Código de Comercio, simplemente certifican de una forma técnica el cumplimiento de disposiciones legales y normativas.
  6. Un claro ejemplo de la utilización de fe pública para hechos actos de carácter electrónico son los supuestos marcados en el Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública, al poder certificar el contenido de páginas electrónicas o de medios de almacenamiento así como el cotejo de documentos digitales y la expedición de testimonio electrónico para efectos de inscripción.

[1] SEPÚLVEDA Carlos. La Fe Pública. Porrúa México 2006. P. 5.

[2] Real academia española,  Diccionario de la lengua española, 23ª edición, Espasa, México 2014Voz Firma.

 

Mtro. Daniel Ortíz Lora

 

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