Mitos y realidades de la fecha cierta en los contratos privados

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Mitos y realidades de la fecha cierta en los contratos privados

Secretaria de Acuerdos del TFJA

Como todos sabemos, uno de los efectos naturales de los contratos es su eficacia, lo que representa el surtimiento de efectos de los derechos y obligaciones estipulados por los contratantes. Generalmente, el momento de eficacia de los contratos se verifica, precisamente, al momento de su firma, salvo que en el contrato se pacte una situación diferente.

De manera general, se puede decir que los acuerdos contractuales tienen el carácter de privado, pues se configuran como asuntos de interés exclusivo de los contratantes, tal y como se desprende del principio “res inter alios acta”, es decir, los efectos de los contratos se producen inter partes, es decir, entre las partes que los otorgan.

Con lo anterior, se puede concluir que la eficacia de los contratos sólo opera inter partes y no tiene un alcance general, por lo que la fecha en que surte sus efectos, se entenderá acordada por las partes, sin necesidad de que, de manera general, exista una comprobación de ese momento respecto de terceros.

Ahora bien, el momento de eficacia de los contratos cobra mayor relevancia y complejidad cuando los efectos de los mismos, se promueven no sólo en la esfera jurídica de sus contratantes, sino que concurren con otros derechos u obligaciones o con circunstancias que involucran a terceros. Estas circunstancias hacen necesaria que exista una constancia del momento en que se verificó dicho acto jurídico.

La fecha cierta de los contratos es un concepto que ha tenido que ser desarrollado desde hace no muchos años no sólo por estudiosos del derecho, sino por juzgadores y tribunales, y que surgió para resolver los problemas de seguridad jurídica que se presentaban al momento de eficacia de los contratos respecto de diversas personas. Esta es la fecha que debe tenerse por verdadera para el surtimiento de efectos de los derechos y obligaciones de un contrato respecto de sus partes y frente a terceros.

Uno de los usos más relevantes que se le da a la fecha cierta, es la eficacia probatoria de los contratos que se celebraron. Y es precisamente este punto en donde se cobra mayor relevancia.

Los instrumentos públicos brindan mayor seguridad jurídica a sus intervinientes, puesto que la fecha que se establece en los mismos debe reputarse por auténtica en virtud de la intervención de un funcionario público que da fe al acto. Sin embargo, el problema surge cuando se trata de dar eficacia probatoria a un instrumento privado.

En este sentido, el artículo 1796 del Código Civil Federal establece que “los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento; excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley”, lo que nos permite concluir que por virtud del principio de relatividad de los contratos, la mayor parte de ellos no requiere de una formalidad específica más que la mera voluntad de los contratantes. Así la eficacia probatoria de la mayor parte de los instrumentos privados se ha convertido en un problema en el derecho actual, sobre todo por lo que se refiere a efectos tributarios.

En derecho comparado, el Código Civil de la República Argentina señala que los instrumentos privados, aun cuando sean reconocidos por sus partes, no constituirán prueba contra terceros sobre la verdad de la fecha expresada en ellos. Asimismo, también señala que la única forma de probar fecha cierta en relación a los sucesores de las partes o a terceros, será el momento de exhibición de dicho documento en juicio, o la de su reconocimiento ante un escribano y dos testigos, o la de su transcripción en cualquier registro público.

Esta referencia al derecho argentino resulta importante dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha utilizado estos mismos criterios para determinar el momento en que debe considerarse que un cierto acto jurídico tiene fecha cierta, para los efectos correspondientes.

En tal sentido, la tesis de jurisprudencia 33/2010 aprobada por la Primera Sala de la SCJN en el año de 2010 señala a la letra lo siguiente:

DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta, y por ende, no puede tenerse certeza de la realización de los actos que consten en tales documentos.

Ahora bien, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento. Asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él.

De lo anterior, podemos concluir que el Máximo Tribunal de nuestro país, ha determinado claramente mediante jurisprudencia, que la eficacia probatoria de los contratos que constan en instrumentos privados, tendrá verificativo únicamente cuando se inscriban en Registro Público de la Propiedad, cuando se ratifiquen ante fedatario público o a partir de la muerte de los firmantes. Es de recalcarse que de las tres premisas que garantizan la fecha cierta de un contrato, dos se refieren a causales no generales y de realización eventual sólo en casos específicos. Por ejemplo, no todos los contratos son susceptibles de registrarse ante un Registro Público, o tratándose de contratos celebrados entre dos personas morales, es complejo que la fecha cierta de su realización se verifique con la muerte (o disolución) de los firmantes.

Una vez establecida la importancia de la fecha cierta y de los efectos probatorios que conlleva su determinación, resulta necesario precisar el alcance práctico y la utilidad que tiene este concepto en la vida comercial del país.

Actualmente, las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación han utilizado como práctica cotidiana, la descalificación de ciertos medios probatorios dentro de procedimientos de auditorías o revisiones de gabinete. Muchas veces, la objeción de los instrumentos privados concluye en la determinación presuntiva de un crédito fiscal a cargo del contribuyente o simplemente en la determinación de simulación de un determinado acto jurídico para efectos tributarios. En tal virtud, muchos han sido los planteamientos respecto de la legalidad de la exigencia de la autoridad de la protocolización ante fedatario público, o bien, inscripción en algún registro público, para que dichos actos jurídicos surtan sus efectos fiscales.

Ante esta situación, en 2014, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente emitió una recomendación y un criterio sustantivo en el que se realiza un estudio sucinto sobre la fecha cierta de los documentos privados y su relación con la materia fiscal a la luz de los derechos de los contribuyentes. Este criterio encuentra su origen en una queja promovida por un contribuyente en contra de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Durango, alegando violaciones a su seguridad jurídica como consecuencia de la determinación de un crédito fiscal por parte de la autoridad tributaria, habiendo dejado sin valor los contratos privados exhibidos durante la auditoría efectuada. La autoridad tributaria, por su parte, señaló que los documentos privados no resultaban suficientes para evidenciar el origen de los recursos para efectos del ISR, argumentando que los contratos no contaban con la fe pública de un funcionario. Asimismo, con fundamento en el principio de relatividad de los contratos, esgrimió que al tratarse de documentos privados, éstos sólo tienen valor probatorio en tanto afecten de manera exclusiva a los contratantes y no así, cuando se presenten a un tercero para acreditar alguna situación que afecte intereses ajenos a las partes.

En este sentido, de manera atinada la PRODECON, se pronunció respecto de estas prácticas de las autoridades fiscales, señalando que, a pesar de los criterios existentes en esta materia emitidos por la SCJN, es necesario que la autoridad fiscal valore de manera adecuada y conjunta todos los instrumentos privados que se le presentan, adminiculando entre sí todas las pruebas y creando certeza para valorar la situación fiscal del contribuyente, sin prejuzgar sobre su validez o veracidad.

Sin embargo, a pesar de este criterio y recomendación, las autoridades fiscales han continuado desestimando los documentos presentados por los contribuyentes, alegando la incapacidad de determinar su fecha cierta de celebración. Estas prácticas son tomadas por muchos como un afán recaudatorio por parte de las autoridades y en otros casos como medidas preventivas para evitar la elusión o evasión de impuestos mediante la simulación y creación de estructuras fiscales y planeaciones agresivas que resulten en un daño para la hacienda pública.

Cualquiera que sea el caso, hoy en día es más común encontrar empresas que prefieren dar certeza a sus contratos y transacciones mediante la certificación de los mismos a través de fedatario público o bien, su inscripción en un Registro Público. Lo anterior, brinda mayor certeza jurídica al contribuyente y una garantía probatoria en contra de la determinación de un crédito fiscal bien sea en sede administrativa o ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Sin embargo, es un hecho que la seguridad jurídica y la eficacia probatoria de los contratos no debieran sustentarse en la ratificación de cierto acto ante un fedatario público, sino más bien en la propia naturaleza de la consensualidad del contrato y de la buena fe de las partes, por ello considero que es necesario que las autoridades fiscales emitan criterios normativos en lo que respecta a la consecución de auditorías para que los instrumentos privados sean valorados debidamente y su eficacia sea verificada mediante la adminiculación de los mismos con otros elementos probatorios como estados de cuenta, u otros contratos, para así desentrañar verdaderamente la operación financiera del contribuyente y puedan realizarse determinaciones apegadas no sólo a la ley sino también a la realidad, brindando así mayor seguridad jurídica a todos los contribuyentes.

2 Comments

  1. ELIZABETH GONZALEZ dice:

    LIC. Excelente artículo.

    Lo lamentable es que sea el propio Tribunal de Justicia Administrativa quien en sus sentencias señale que el criterio de PRODECON no le vincula y acepte el afán recaudatorio de las autoridades fiscalizadoras confirmando las resoluciones que ante este H. Tribunal se presentan.

  2. Franklin dice:

    Me pronuncio a favor del comentario del colega cabe recordar los elementos esenciales de los contratos, buena fe, recordando el artículo 202 del CFPC de los documentos públicos y la prueba plena, comparto mi experiencia, en una ocasión el fisco utilizando este argumento que el hecho de celebrar una manifestación ante un notario para la fe pública, no se considera como prueba plena, desestimando esta prueba documental. En fin, es lo interesante de postular contra el Fisco, saludos colegas.
    Excelente nota.

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