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Tiro de gracia para la actividad empresarial

COMIENZA CACERÍA DE BRUJAS EN LA COMPRA-VENTA DE FACTURAS

Como lo habíamos anticipado, el Gobierno de la República comienza a “apretar las tuercas” en materia de combate a la compra venta de facturas, prueba de ello son las medidas que ha adoptado recientemente y que analizamos a continuación:  

A. El 10 de julio 2019, se turno a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público de justicia y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores, un proyecto con iniciativa a través de la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación (CFF); del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP); de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LDO); y de la Ley de Seguridad Nacional (LSN).

En resumen, las reformas a las legislaciones antes señaladas consisten en lo siguiente:  

1. El delito de defraudación fiscal será castigado con prisión de tres a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de $2,601,410.00. Tratándose de personas morales, cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de $18,209,870.00.

2. Se impondrá sanción de cinco a ocho años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados (en adelante mencionadas como compra-venta de facturas).

3. Será considerada como delincuencia organizada, la defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, cuando sean calificados y el monto de lo defraudado se ubique en los rangos a que se refiere el punto 1 anterior. 

4. De igual manera, la compra venta de facturas: 

a. Ameritan prisión preventiva oficiosa (detención inmediata sin derecho a fianza).

b. Se considera como un amenaza a la Seguridad Nacional 

c. No procederán los acuerdos reparatorios.

5. El Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre que: 

“En el caso de que el imputado aporte información fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución del beneficiario final del mismo delito, tomando en consideración que será este último quien estará obligado a reparar el daño.” 

6. Creación del Observatorio Legislativo de la Elusión y Evasión Fiscales.

B. El 25 de julio 2019 se aprobó la minuta de la Cámara de Diputados la Ley Nacional de Extinción de Dominio (LNED), la cual en su artículo 1º se establecen como hechos susceptibles de la extinción de dominio (confiscación de bienes a favor del Estado), entre otras, aquellos contemplados en el artículo 2 de la LDO.

Ahora bien, la iniciativa señalada en el inciso anterior, establece una reforma al artículo 2 LDO para considerar como miembros de la delincuencia organizada a aquellos que cometan el delito de defraudación fiscal cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de $2,601,410.00. Tratándose de personas morales, cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de $18,209,870.00; es decir, la acción de compra venta de facturas será considerada como “delincuencia organizada” y, por ende, aplicable la confiscación de bienes para que el Estado pueda disponer de ellos.

Comentarios

En el supuesto de que las reformas antes señaladas se aprueban en todos sus términos, dotarán a la autoridad de un gran arsenal para combatir letalmente la defraudación fiscal, empresas fantasmas y operaciones inexistentes. 

Si bien la intención de los legisladores de erradicar prácticas que lesionan gravemente las finanzas públicas es plausible, lo cierto es que las medidas que han adoptado han puesto en el “ojo del huracán” a empresarios cuyo único error ha sido un inadecuado control interno.

Ahora, el SAT se vanagloria de su exitosa recaudación al señalar en su página de internet que el primer semestre del 2019 obtuvo un incremento del 54% en recaudación efectivamente pagada de grandes contribuyentes con relación al primer semestre del 2018. 

Sin embargo, pasa desapercibido que esas cifras las han obtenido gracias a que sus actos de fiscalización, los cuales en ocasiones son arbitrarios y no permiten una adecuada defensa a los contribuyentes. 

Por citar un ejemplo, el caso del artículo 69-B CFF, el cual pretende castigar a contribuyentes que debido a las acciones de un tercero (EFOS con una representación inadecuada), se ven en la necesidad de demostrar mediante una carga excesiva de pruebas, la efectiva enajenación del bien o prestación del servicio. 

Por tanto, en una opinión personal, las acciones adoptadas por el Gobierno Federal para combatir la compra venta de facturas distan de ser eficaces y, aún y cuando pudiera ayudar a recaudar un importe por demás superior al prospectado en la Ley de Ingresos de la Federación, lo cierto es que en un periodo corto de tiempo, la determinación millonaria de créditos fiscales y las repercusiones de índole penal, acabarán disminuyendo considerablemente la creación de empleos e inversión privada; es decir, el terrorismo fiscal, será el tiro de gracia para actividad empresarial.  

No vale la pena correr el riesgo, esperando que la autoridad fiscal no detecte las prácticas evasivas de impuestos a través de la compra venta de facturas, pues los avances tecnológicos y el cruce de información ha permitido (como lo señaló el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Alejandro Armenta) identificar 9,000 empresas que facturaban operaciones simuladas.

Es época de prevención, ¡no pongas en riesgo tu patrimonio y libertad!

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