Estas aquí
Inicio > Artículos > Transformación abusiva de la nueva fiscalización

Transformación abusiva de la nueva fiscalización

La doble cara del Estado: Por un lado, promoviendo la confianza ciudadana y por el otro, criminalizando la actividad empresarial.

El presente artículo tiene como propósito crear conciencia en el contribuyente respecto a las implicaciones de la llamada “reforma penal-fiscal” publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de diciembre 2019.

Recordemos que la situación que impulsó al Gobierno Federal a declarar la guerra en contra de la evasión fiscal es el hecho de que se han detectado un gran número de empresas fantasmas que facturan operaciones inexistentes.

Si bien la autoridad fiscal se encuentra facultada para exigir el pago de una contribución, lo cierto es que esta actuación debe encontrarse limitada para evitar arbitrariedades.

No obstante lo anterior, a pesar de que existen claras limitaciones del SAT, en la práctica nos encontramos que existe una excesiva discrecionalidad y abuso para atender la política fiscal de contrarrestar prácticas agresivas de evasión.

Como lo señalábamos en publicaciones anteriores, en el 2014 se facultó a la autoridad para que, a través de un procedimiento declarara de manera definitiva que una Empresa Facturó Operaciones Simuladas (EFOS) y como consecuencia, que sus clientes eran Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS). En términos coloquiales le permitía a la autoridad fiscal etiquetar a contribuyentes como “vendedores” y “compradores” de facturas y, con ello, exigir el pago de una contribución e incluso perseguirlos por el delito de defraudación fiscal.

Ahora bien, el SAT ha hecho uso excesivo, abusivo e irracional de esta atribución de perseguir y castigar la “compra-venta de facturas”. Esto es así, pues para realizar esta atribución realiza señalamientos tales como “no existe proporcionalidad entre lo facturado y los gastos realizados”, “el personal resulta insuficiente para prestar el servicio”, “no existe razón de negocios o sustancia económica”, “los activos resultan insuficientes o carecen de idoneidad”.

A pesar de que la autoridad carezca de competencia para calificar o catalogar la suficiencia, idoneidad, cantidad o calidad de los elementos con que cuenta el contribuyente para realizar su objeto social, es una realidad que con base en estas características subjetivas obliga al contribuyente para que a través de un juicio consiga demostrar la existencia de sus operaciones, situación que resulta costoso y tardado.

Una vez en claro lo anterior, se tiene que la autoridad se encuentra en aptitud de perseguir por “presuntos” vendedores de facturas a los contribuyentes cuyo único error es omitir contar con un adecuado control interno.

Aunado a lo anterior, tenemos que el Poder Judicial quien es el encargado de impartir justicia, ha emitido criterios que convalidan las arbitrariedades de la autoridad fiscal; es decir, con tal de realizar una recaudación efectiva, pareciera que en materia fiscal no existe la división de poderes, pues cuando un contribuyente pretende defender su situación jurídica de posible EFOS o EDOS, el Poder Judicial convalida las resoluciones del Servicio de Administración Tributaria, convirtiéndose este último en parte, juez y verdugo.

Las anteriores manifestaciones denotan una evidente desventaja del contribuyente frente al fisco al intentar demostrar la realidad de sus operaciones para encontrarse en aptitud de conservar los efectos fiscales que producen los comprobantes.

Considerando que esta atribución resultó insuficiente para contrarrestar y desincentivar las prácticas de “compra-venta de facturas”, la reforma penal fiscal, haciendo uso de estas facultades de ultra fiscalización, optó por criminalizar estas conductas.

Lo anterior es así, pues a partir del 2020 cuando la autoridad fiscal resuelva la situación de EFOS definitiva y EDOS que no consiguió demostrar la materialidad de sus operaciones, contará con las siguientes facultades:

  1. Vender o comprar facturas en cantidades superiores a $7’804,230.00
  1. Delincuencia Organizada: Se permite espiar a posibles defraudadores fiscales mediante seguimiento de personas, vigilancia electrónica, colaboración de informantes, entre otras.   
  2. Amenaza a la seguridad nacional: Serán sancionados con el mismo rango que a las amenazas inminentes de terrorismo, genocidio, tráfico de armas, traición a la patria, entre otros.
  3. Extinción de dominio: Se les despojará de sus bienes e incluso el Gobierno puede disponer de ellos o venderos de manera anticipada.  
  4. Criterio de oportunidad: Aquellas personas involucradas en la “compra venta de facturas” pueden evitar prisión cuando se aporte información fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución del beneficiario final del mismo delito.
  1. EFOS definitivos y EDOS que no demuestra materialidad (sin importar el monto)
  1. Cancelación de sellos digitales.
  2. Sanciones al EDOS del 55% a 75% del monto de cada CFDI expedido por el EFOS.
  3. Responsabilidad solidaria: Los socios/accionistas de los EFOS y EDOS que no acreditaron la materialidad, serán solidariamente responsables en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la empresa, hasta el monto de la participación que tenía en el capital social.
  4. Los clientes de los EFOS serán publicados por el SAT.

En conclusión, por un lado tenemos que los legisladores han abierto la puerta para que la autoridad fiscal a través de parámetros subjetivos, etiqueten a un contribuyente como vendedores de facturas con todas las consecuencias que hemos descrito y por el otro, tenemos a un Poder Judicial que lejos de establecer frenos y contrapesos con los legisladores y revocar resoluciones notoriamente ilegales que derivan de una ultra fiscalización de “sospechosismo”, pareciera que es una extensión del propio Servicio de Administración Tributaria.

Si a esto le agregamos que, con la designación de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra integrado por 3 ministros que provienen de las áreas jurídicas de la Secretaría de Hacienda, todo pareciera indicar que le han otorgado una “licencia para matar” a la actividad empresarial cuando se omita contar de manera intencional o accidental de un adecuado control interno.

Por todo lo anterior, resulta INDISPENSABLE que el contribuyente adopte una actitud de prevención de sus operaciones de compra y venta (ingresos y deducciones) toda vez que resulta sumamente peligroso que ante el mínimo indicio que le permita a la autoridad considerar que el contribuyente ha facturado operaciones simuladas, ejercerá su terrorismo fiscal cancelando sellos (impedimento para facturar), determinando multas cuantiosas, catalogándolo como defraudador fiscal, delincuente organizado y una amenaza a la seguridad nacional.

Nació una nueva era, la reforma penal-fiscal es un parteaguas en la conducta tributaria de los contribuyentes. El empresario debe cambiar y adecuar sus prácticas tributarias y olvidar la práctica nacional de comprar facturas para disminuir el pago de los impuestos, pues de no hacerlo, se encontrará en la “cuerda floja” y expondrá su privacidad, patrimonio y libertad.    ¡Contar con un adecuado control interno y un personal capacitado para su seguimiento, serán las herramientas que ayudarán al contribuyente en contra del “terrorismo fiscal”!

Deja un comentario

Top