Estas aquí
Inicio > Artículos > Antes y el Hoy del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)

Antes y el Hoy del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)

Hoy en día uno de los temas políticos y legales que más impera en nuestro país, es la implementación del famosísimo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y muchos mexicanos, abogados o no, hemos formado nuestro criterio respecto de esta nueva estrategia del Gobierno Federal para combatir la corrupción a partir de los textos de las reformas, la Constitucional de 27 de mayo de 2015 y la que expide la legislación secundaria en materia de combate a la corrupción de 18 de julio de 2016.

Sin embargo, considero que para saber hacia dónde van estas reformas, es necesario saber de dónde vienen, por ello, decidí hacer un estudio y análisis de las circunstancias que impulsaron a nuestros legisladores a dar origen y prioridad absoluta[1] a dichas reformas.

El diseño del SNA comenzó como un esfuerzo para cumplir con los compromisos y obligaciones internacionales de México ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y otros organismos.  México, ha signado tres instrumentos internacionales en este sentido:  La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, la Convención Interamericana contra la Corrupción, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Conforme a los mecanismos de cumplimiento señalados en dichas convenciones, México es evaluado por otros países en rubros tales como incorporación de sanciones y tipos penales a la legislación doméstica y la creación de órganos especializados en esta materia.  Como consecuencia de las evaluaciones realizadas en los últimos años, los organismos internacionales emitieron una serie de recomendaciones e informes que permitieron a nuestro gobierno conocer los puntos más vulnerables de nuestro orden jurídico en relación con el combate a la corrupción.

Uno de los reportes más relevantes sobre el que se basó la reforma constitucional que creó el SNA, es el reporte de implementación de la OCDE, que a través de un esquema de fases, verifica y determina la viabilidad de aplicación local de las obligaciones nacionales contenidas en la convención firmada.

En 2000 se emitió el reporte correspondiente a la Fase 1, en el que, de manera general, se reconoce el primer esfuerzo de implementación por parte del Gobierno mexicano al haberse emitido en 1999 una reforma al Código Penal Federal[2] que incluyó el cohecho a servidores públicos extranjeros como delito federal.  Asimismo, a manera de recomendación, señaló que para la revisión de la Fase 2, México tendría que modificar su legislación para que las empresas de participación estatal mayoritaria también fueran sujeto del delito de cohecho.

El reporte de la Fase 2 fue publicado en 2004, teniendo como examinadores a Holanda y España.  En este estudio se puntualizó la necesidad de tener instituciones eficaces que realizaran la investigación y sanción de los delitos en materia de corrupción y lavado de dinero y la posibilidad de sancionar personas morales.  Asimismo, se dedicó un capítulo entero a las políticas y medidas de prevención que hasta ahora se habían instrumentado y las recomendaciones para su efectividad.

En el reporte de la Fase 3 de octubre de 2011, se emiten recomendaciones sobre la aplicación de medidas fiscales para prevención de lavado de dinero y corrupción, integrando a todos los actores de sectores público y privado y realizando un intercambio de funciones e información transversal para alcanzar la eficiencia, es decir, un sistema de facultades con la misma finalidad, la prevención y el combate a la corrupción.  A dicho reporte se anexó una tabla con acciones concretas y su estado de implementación.  Posteriormente, en Marzo de 2014, se emitió un segundo documento en alcance al de 2011 con datos mucho más específicos que en los anteriormente publicados.

Así pues, en noviembre de 2014 en la Cámara de Diputados se presentaron las iniciativas de Reforma para modificar la constitución y crear, desde la esfera jurídica suprema del país, este SNA, que permitiría implementar una estrategia integral y que abarca todas las instituciones a nivel federal y la réplica de este sistema en los Estados mediante la creación de sistemas locales.

Al ser una reestructura integral del orden jurídico mexicano, las discusiones en Cámara de Diputados fueron diversas y proponían cambios trascendentes e importantes en nuestro sistema legal.  Inicialmente, se pensó en desaparecer la Secretaría de la Función Pública[3] (SFP), pues la idea era la creación de un nuevo órgano con las mismas funciones que dicha Secretaría (prevención, supervisión y control) pero independiente del Ejecutivo, sin embargo, al final se decidió que esta institución conservara sus funciones de prevención e investigación para dotar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa de las funciones de sanción en materia administrativa.

Antes de la creación del SNA existía ya en nuestro país un marco normativo en materia de combate a la corrupción, sin embargo se consideró que las facultades investigadoras y sancionadoras reunidas en la SFP resultaban ser casi un monopolio y, al ser ejercidas de manera vertical, no se extendían horizontalmente a todos los niveles y órdenes de gobierno.  Esta visión integral de cooperación e interacción interinstitucional y este objetivo de cubrir de manera frontal todos los ámbitos (público, privado, penal, administrativo, etc.) de los hechos de corrupción de manera eficiente, es la motivación principal del SNA.

El pasado 4 de abril, se instaló legalmente el Comité Coordinador y el Órgano de Gobierno del SNA por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Comité de Participación Ciudadana y un representante del Consejo de la Judicatura Federal.

En el ámbito penal, debió ser el titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción quien instalara junto con los titulares ya mencionados este Comité y su Órgano de Gobierno, sin embargo, ante la imposibilidad del Senado de la República por elegir a un Fiscal de entre los 23 aspirantes que ya concluyeron el proceso de selección y que sólo aguardan la votación del Pleno, fue el titular de la hoy Procuraduría General de la República quien asistió.

Con esto, me permito recalcar la importancia que tiene el que el SNA comience a trabajar y a dar resultados de inmediato, pues de ello dependerá no sólo el éxito internacional de este esfuerzo tan importante que se ha venido gestando durante los últimos años, sino también la capacidad de recobrar, como ciudadanos, la confianza en nuestro gobierno.

[hr height=»30″ style=»default» line=»default» themecolor=»1″]

[1] En este sentido, me permito dudar sobre la prioridad que, por lo menos nuestros Senadores han dado a este tema, puesto que el nombramiento del Fiscal Especializado en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción (el ámbito penal de este Sistema) estaba previsto para estar listo en 2014, fecha en que se comenzó el primer proceso de selección, y hoy, tres años después, todavía no se sabe para cuándo quedará integrado el Comité Coordinador del SNA.

[2] Artículo 222 BIS

[3] De conformidad con la Reforma publicada el 2 de enero de 2013 que modificaba la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), insertando un artículo transitorio para que la SFP permaneciera en funciones hasta que se crearan las bases constitucionales correspondientes para la creación del nuevo órgano que la sustituiría.

Deja un comentario

Top